La Argentina inició la apelación contra la orden judicial que la obliga a satisfacer con acciones de YPF la sentencia por US$ 16.000 millones derivada de la nacionalización de 2012. Según el especialista Sebastián Maril, el escrito ante la Cámara de Apelaciones se apoya en cuatro ejes

1. que la justicia de EE.UU. no puede obligar a un Estado soberano a repatriar activos ubicados en el exterior;

2. que la jueza Loretta Preska aplicó erróneamente la CPLR 5225 (ley del Estado de Nueva York) sobre bienes fuera de jurisdicción;

3. la invocación de la Ley de Inmunidad de Soberana para evitar la entrega forzada de las acciones;

4. la consideración de relaciones diplomáticas y consecuencias internacionales de compeler al país a transferir sus activos.

En esta causa, el Gobierno de Estados Unidos se presentó como amicus curiae en apoyo de la posición argentina: advirtió que ordenar la transferencia de acciones de YPF situadas fuera de EE.UU. podría exceder los límites de ejecución de bienes de Estados extranjeros previstos por la FSIA, generar ramificaciones negativas en la política exterior y afectar el trato recíproco de bienes estadounidenses en otras jurisdicciones.

Además, señaló que cumplir la orden antes de que se resuelva la apelación podría causar a la Argentina un daño irreparable, dado que una eventual revocatoria posterior no garantizaría la restitución de las acciones ya entregadas.